Criminalizados por defender su territorio y el medio ambiente

La implementación del modelo económico neoliberal por los sucesivos gobiernos de nuestro país ha provocado el descontento entre las grandes mayorías, pues que se trata de un modelo por el cual los poderosos se hacen más poderosos y los menos favorecidos permanecen en iguales o peores condiciones.


La única respuesta que han tenido las diversas autoridades de turno a las justas y crecientes demandas de la ciudadanía es la persecución judicial de sus líderes y dirigentes, para tratar de acallar sus voces.

Es en este intento de silenciar los reclamos de la población que el gobierno aprista aprobó el 22 de julio del 2007 una serie de decretos legislativos, a través de los cuales se implementa un marco normativo que criminaliza la protesta.

En los últimos meses hemos sido testigos de cómo un grupo de dirigentes ha sido juzgado bajo ese marco legal y como han recibido sentencias por demás injustas, solo por el simple hecho de defender los derechos de sus comunidades.

Una avalancha de falsedades para sentenciar a los dirigentes

Lucas Serrano ex presidente de la Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Minería en Apurímac (CORECAMI Apurímac) acaba de ser sentenciado a una pena de 3 años de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de 1000 nuevos soles por el simple hecho de protestas contra los abusos de la empresa minera Southern Perú.

Pese a que desde el inicio del proceso judicial se ha demostrado que Lucas Serrano no ha provocado daño alguno en contra de los bienes de la minera se le ha impuesto esta pena.
Desde el año 1998 los pobladores de la comunidad de Quishque en el distrito de Tapayrihua de la provincia apurimeña de Aymaraes vienen soportando una serie de atropellos por parte de la empresa minera Southern Perú.

Recordemos que en aquel año producto del deslizamiento de tierras provocado por los trabajos que realizaba la empresa minera la urbanización Tupac Amaru terminó sepultada por completo por la tierra, piedras y lodo.

Ante la falta de atención por parte de las autoridades locales y del gobierno central la comunidad inicio una serie de acciones de protesta que siempre fueron de carácter pacífico, sin embargo, no fueron escuchados.´

Por el contrario, la empresa inicia una serie de acciones para silenciar a quienes reclamaban atención a sus reclamos. Una de estas fue denunciar a Lucas Serrano por supuestamente atentar contra la seguridad pública.

Han pasado más de 10 años y la los reclamos de la población de Quishque no han tenido eco, pero las demandas de la empresa minera sí. Muestra de esto es que, Rolando Zevallos Pastor, funcionario de la Southern Perú que fue señalado como el responsable directo de los daños causados a la comunidad de Quishque quien en tiempo record fue procesado por los delitos contra el patrimonio, daños agravados.

La sentencia en este caso fue absolutoria, según lo dispuesto por la Sala Mixta de la Corte Superior de Abancay.

En Piura, la situación no es distinta para los dirigentes comunales que han decido defender su derecho a elegir libremente un modelo de desarrollo, frente a los intereses del propio Estado de querer imponer un modelo ajeno a ellos.

Y es que la empresa minera Río Blanco se ha valido de una serie de mentiras para silenciar a los dirigentes y todos aquellos que están en contra de su presencia en la zona.

Uno de estos casos es el de Sixto Alberca Cruz, presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente del Carmen de la Frontera, quien junto a Blas Peña Ibañez, Rosendo Guerrero Chinchay y Juan Neyra Martínez, fue acusado por el supuesto delito de secuestro.

La Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura los absolvió por este cargo, sin embargo, Alberca Cruz y Neyra Martínez fueron hallados culpables por el delito de coacción, por lo que se les sentencio a dos años de carcelería suspendida en su ejecución y a pagar 400 nuevos soles de reparación civil.

Estos miembros de las Rondas Campesinas del Carmen de la Frontera (Huancabamba), habían sido acusados por el presunto secuestro en agravio de dos trabajadores de la empresa minera Río Blanco Cooper.

Alberca Cruz, quien es presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente del Carmen de la Frontera, reiteró que él y sus compañeros nunca secuestraron a los trabajadores de la minera, y se mostró satisfecho de que así lo haya reconocido la ley.

También se declaró inocente del delito de coacción y por ello presento un recursos de apelación ante la sentencia.

El dirigente ronderil recordó que el 17 de marzo del 2008, día en que ocurrió el presunto secuestro, las rondas aprehendieron a los trabajadores de la ex Majaz cuando se desplazaban en una combi a la altura de Cajas Canchaque, caserío situado dentro de los territorios de la Comunidad Campesina Segunda y Cajas, a cuyas tierras habían ingresado sin la debida autorización.

“A los trabajadores, uno de ellos almacenero de Río Blanco y el otro trabajador de la empresa Forza (que presta servicios a la minera) se les llevó ante la asamblea comunal para reiterarles que su empresa no tiene permisos para desarrollar actividades en territorio comunal. Nosotros actuamos en el marco del derecho consuetudinario, sin cometer delito alguno. Después de tres horas se les dejó en el lugar donde se les encontró”, sostuvo.